Un post falaz que me encontré navegando por ahí me hizo cambiar de tema para la MalaCrianza de este mes, así que les comparto mi intervención en el suplemento de setiembre. Los comentarios son bienvenidos- como siempre -.
La despenalización del aborto
Una lucha pendiente
En Costa Rica y en los demás países donde el aborto está prohibido por ley, las mujeres vemos reducida la capacidad de decisión sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, pues se nos impide definir si queremos – o no – ser madres, cuándo y en qué condiciones.
Esta limitación a la libertad carece de sentido, ya que se ha comprobado científicamente que en las primeras doce semanas de embarazo, no existen funciones vitales autónomas en el embrión que indiquen que está vivo.
Son por lo tanto, regulaciones que se desprenden de principios estrictamente religiosos y patriarcales, que violentan la esfera más íntima de la mujer: su cuerpo.
Peor aún, en naciones como Nicaragua, aún el aborto terapéutico – práctica médica que permite interrumpir el embarazo cuando la vida o la calidad de vida de la madre está en peligro – se penaliza, por lo que las mujeres mueren por falta de atención médica o en el intento de terminar con tal situación que puede haber sido resultado de una violación, abuso o aún más comúnmente, porque pone en peligro su vida.
Así, datos provenientes del vecino país, indican que la mortalidad materna ha aumentado alarmantemente desde que se prohibió el aborto terapéutico en octubre del 2006, con la complicidad parlamentaria del partido hoy gobernante.
En nuestro país la situación no es tan distinta, pues a pesar de que este procedimiento está permitido, son pocas las ocasiones en que se lleva a cabo y para que así sea, debe contarse con la aprobación de tres médicos y el compañero sexual de la mujer que lo necesite.
Así, las mujeres vemos una y otra vez violentada la potestad de decidir sobre nuestros cuerpos, porque los estados autoritarios, patriarcales y religiosos consideran que no estamos en la capacidad de decidir por nosotras mismas.
Esta situación no es sólo indignante por su carácter represivo, sino que representa un alarmante problema de salud pública. Miles de mujeres alrededor del mundo acuden a métodos caseros o poco confiables que ponen en riesgo sus vidas, con tal de acabar con un embarazo no deseado.
Mientras tanto, los cínicos gobernantes y grupos religiosos se hacen de la vista gorda ante la realidad y levantan autistamente la bandera “pro-vida”, aunque muchas mujeres mueran por causa de las prohibiciones que se les imponen.
Aunado a esto, la prohibición expresa y penalización del aborto las revictimiza, al perseguirlas y culparlas por el simple hecho de no querer ser madres en una situación particularmente compleja. El Estado, las comunidades religiosas y el poder patriarcal se unen en esta ofensiva asesina y mutilante. Violencia sobre violencia.
Se debe considerar también que estas prohibiciones no atacan a las mujeres por igual, sino que se ensañan especialmente con aquellas que carecen de solvencia económica, pues para nadie es un secreto que a pesar de la ley, operan en todos los países clínicas privadas que practican estos procedimientos inescrupulosamente, ya que cobran grandes cantidades de dinero – del que no todas las mujeres disponen –.
Así, las mujeres de clase alta que deseen interrumpir un embarazo podrán fácilmente pagar las altas sumas que les permitan no sólo una intervención segura, sino también asistencia médica en caso de cualquier inconveniente posterior.
Por el contrario, las mujeres que no disponen de recursos, tienen pocas opciones felices: ser madres a pesar de sí mismas, recurrir a dar en adopción o abandonar a sus hijos con todo y la condena social que esto implica o recurrir a procedimientos brutales, invasivos e inseguros para acabar con el embarazo.
Ante tanta violencia, las mujeres y hombres conscientes estamos en la urgencia de levantar la bandera de los derechos humanos para exigir la laicidad del estado y por lo menos, la despenalización del aborto en nuestros países.
Por estas razones – entre otras – es que a partir del año 1990, se celebra cada 28 de setiembre el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, una iniciativa que reivindica los derechos de las mujeres como seres humanos, a quienes el estado, los hombres y la iglesia, deben respetar.
El camino hacia el reconocimiento pleno de nuestra libertad, el derecho del que debemos gozar sobre nuestros cuerpos y la justicia que garantice las mismas oportunidades para todas en materia de salud, es apenas una de las luchas que - como sociedad - tenemos pendientes y que ya es hora de poner en marcha.
Esta limitación a la libertad carece de sentido, ya que se ha comprobado científicamente que en las primeras doce semanas de embarazo, no existen funciones vitales autónomas en el embrión que indiquen que está vivo.
Son por lo tanto, regulaciones que se desprenden de principios estrictamente religiosos y patriarcales, que violentan la esfera más íntima de la mujer: su cuerpo.
Peor aún, en naciones como Nicaragua, aún el aborto terapéutico – práctica médica que permite interrumpir el embarazo cuando la vida o la calidad de vida de la madre está en peligro – se penaliza, por lo que las mujeres mueren por falta de atención médica o en el intento de terminar con tal situación que puede haber sido resultado de una violación, abuso o aún más comúnmente, porque pone en peligro su vida.
Así, datos provenientes del vecino país, indican que la mortalidad materna ha aumentado alarmantemente desde que se prohibió el aborto terapéutico en octubre del 2006, con la complicidad parlamentaria del partido hoy gobernante.
En nuestro país la situación no es tan distinta, pues a pesar de que este procedimiento está permitido, son pocas las ocasiones en que se lleva a cabo y para que así sea, debe contarse con la aprobación de tres médicos y el compañero sexual de la mujer que lo necesite.
Así, las mujeres vemos una y otra vez violentada la potestad de decidir sobre nuestros cuerpos, porque los estados autoritarios, patriarcales y religiosos consideran que no estamos en la capacidad de decidir por nosotras mismas.
Esta situación no es sólo indignante por su carácter represivo, sino que representa un alarmante problema de salud pública. Miles de mujeres alrededor del mundo acuden a métodos caseros o poco confiables que ponen en riesgo sus vidas, con tal de acabar con un embarazo no deseado.
Mientras tanto, los cínicos gobernantes y grupos religiosos se hacen de la vista gorda ante la realidad y levantan autistamente la bandera “pro-vida”, aunque muchas mujeres mueran por causa de las prohibiciones que se les imponen.
Aunado a esto, la prohibición expresa y penalización del aborto las revictimiza, al perseguirlas y culparlas por el simple hecho de no querer ser madres en una situación particularmente compleja. El Estado, las comunidades religiosas y el poder patriarcal se unen en esta ofensiva asesina y mutilante. Violencia sobre violencia.
Se debe considerar también que estas prohibiciones no atacan a las mujeres por igual, sino que se ensañan especialmente con aquellas que carecen de solvencia económica, pues para nadie es un secreto que a pesar de la ley, operan en todos los países clínicas privadas que practican estos procedimientos inescrupulosamente, ya que cobran grandes cantidades de dinero – del que no todas las mujeres disponen –.
Así, las mujeres de clase alta que deseen interrumpir un embarazo podrán fácilmente pagar las altas sumas que les permitan no sólo una intervención segura, sino también asistencia médica en caso de cualquier inconveniente posterior.
Por el contrario, las mujeres que no disponen de recursos, tienen pocas opciones felices: ser madres a pesar de sí mismas, recurrir a dar en adopción o abandonar a sus hijos con todo y la condena social que esto implica o recurrir a procedimientos brutales, invasivos e inseguros para acabar con el embarazo.
Ante tanta violencia, las mujeres y hombres conscientes estamos en la urgencia de levantar la bandera de los derechos humanos para exigir la laicidad del estado y por lo menos, la despenalización del aborto en nuestros países.
Por estas razones – entre otras – es que a partir del año 1990, se celebra cada 28 de setiembre el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, una iniciativa que reivindica los derechos de las mujeres como seres humanos, a quienes el estado, los hombres y la iglesia, deben respetar.
El camino hacia el reconocimiento pleno de nuestra libertad, el derecho del que debemos gozar sobre nuestros cuerpos y la justicia que garantice las mismas oportunidades para todas en materia de salud, es apenas una de las luchas que - como sociedad - tenemos pendientes y que ya es hora de poner en marcha.
3 comentarios:
Totalmente deacuerdo contigo, eso es una decisión privada que solo vos y las personas a las que quieres involucrar les compete.
Para mí el debate esta en que si el gobierno debería de proveer con el impuesto de todos este servicio, o dejarlo a la suerte de las personas que pueden pagar un servicio privado, o mejor dicho en que casos se debería subsidiar ese tratamiento, violación?, problemas socio económicos?, problemas psíquicos o físicos en la madre o en el bebé?, o subsidiar la simple chambonada de que no solo fue la puntita pero al final valió "gorro" :P
Esperamos atentos esta respuesta.
De verdad con respeto, una pregunta: Cuántos abortos te has practicado?
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